CONGRESO EN QUIEBRA
Primero surgió como un rumor, después se convirtió en sospecha, pero finalmente la versión sobre la crisis y el saqueo de las finanzas públicas del Congreso del estado empezó a confirmarse el pasado miércoles 16 de abril, cuando los nuevos diputados acudieron al banco para cobrar su primer sueldo y se encontraron con un depósito incompleto.
Sin dar crédito a lo que pasaba, frente a la ventanilla, contaron y recontaron el fajo de billetes que del otro lado les extendió la cajera hasta corroborar un total de 20 mil de los 33 mil pesos quincenales que por Ley les corresponden, entre dietas, viáticos y apoyos institucionales. Presos del nerviosismo algunos, coléricos otros, apenas pisaron la calle se apresuraron por una respuesta a la Tesorería del Congreso y ahí sólo les informaron: “Son instrucciones del presidente de la Gran Comisión”.
Su mayor sorpresa fue que sus colaboradores no cobrarían hasta nuevo aviso y entonces la incertidumbre reinó durante los días posteriores, frente al hermetismo del nuevo líder del Congreso, Luis González Flores. Pero en los pasillos y cubículos del recinto parlamentario la crisis es un secreto a voces y hasta tiene nombre y apellido: Manuel Valencia Cardín, ex presidente de la XI Legislatura, quien dejó el poder el pasado 25 de marzo.
Las primeras revisiones de los estados de cuenta de la tesorería y del patrimonio del Congreso reportan una deuda de seis millones de pesos con diversos proveedores, la “desaparición” de una camioneta X-Trail, Nissan, color plata, que en la pasada Legislatura conducía el diputado Francisco Flota Medrano, la misteriosa “pérdida” de computadoras de escritorio y portátiles, así como de mobiliario en las oficinas de los legisladores, cuyo costo aún no se evalúa.
También existe constancia de que cada uno de los 25 diputados salientes recibió un pago de 770 mil pesos por concepto de “caja de ahorro” y “finiquito” -según justificaron algunos de ellos-, lo que sumó una erogación de 19 millones 250 mil pesos , casi el ocho por ciento del presupuesto del Congreso del ejercicio fiscal 2007.
De acuerdo al tabulador de la nómina aprobado por la XI Legislatura, los diputados ganaban 46 mil pesos mensuales por concepto de dietas, además recibían ocho mil pesos en vales de gasolina y, en comisión, se les autorizaban dos mil pesos diarios por concepto de viáticos. Fuera de nómina y con un manejo totalmente discrecional, a cada uno se le asignaban 20 mil pesos para apoyos económicos de ciudadanos necesitados, de tal manera que sus percepciones reales variaba dependiendo del grado de “lealtad” que cada uno guardara con el ex presidente de la Gran Comisión, Valencia Cardín.
El diagnóstico del parque vehicular también es alarmante: la mayoría de las unidades rebasan los 150 mil kilómetros de recorrido a pesar de que fueron adquiridos hace tres años. Al menos cuatro de estos automóviles, que en la pasada legislatura estuvieron asignados a los ex diputados David Álvarez Cervera, Mario Rivero Leal, Patricia Sánchez Carrillo y Marybel Villegas Canché, fueron utilizados ilegalmente para sus respectivas campañas políticas.
Bajo este panorama, la XI Legislatura pasará a la historia como la más plural en 34 años de vida constitucional del estado, pero también como la campeona en el derroche de recursos públicos. Su sello característico fue la compra de votos de la oposición, quienes ante la falta de la mayoría priísta, no resistieron los cañonazos de dinero para aprobar iniciativas a la hechura de Valencia Cardín, como fue el caso de la Reforma Constitucional que elevó a 20 años de residencia para los que aspiren a gobernar Quintana Roo, aprobada hasta por quienes salieron afectados.
Durante el trienio 2005-2008, Valencia Cardín manejó recursos por más de 570 millones de pesos sin rendir cuentas a nadie. Según cifras oficiales, en 2005 ejerció un presupuesto de 131 millones 154 mil 710 pesos; en 2006, de 180 millones de pesos y en 2007, de 256 millones 892 mil 284 pesos, es decir, en menos de tres años los recursos se dispararon casi cien por ciento.
En contraste con las medidas de austeridad adoptadas por la XII Legislatura, a Valencia Cardín nunca le faltaron recursos para gastar hasta en caprichos. De acuerdo con copias de los registros del activo fijo de la Unidad de Inventarios del Congreso, durante su gestión el ex presidente de la Gran Comisión gastó cerca de tres millones de pesos en mobiliario y equipo de cómputo, mucho del cual hoy está inservible o desaparecido.
En 2005, el gasto en este menaje fue de un millón 500 mil pesos, pero sobresalen las compras realizadas en un solo día: el 8 de abril de ese año -antes de cumplir 15 días de haber asumido el poder- se adquirieron muebles para equipar los cubículos de los 25 legisladores, por un moto total de 300 mil pesos, mientras que la X Legislatura, que presidió Rosario Ortiz Yeladaqui, compró la mayoría del mobiliario en el departamento de remates del Nacional Monte de Piedad.
Aunque para los nuevos diputados el saqueo del Congreso es un secreto a voces, muy pocos se atreven a opinar por temor al “autoritarismo” del actual presidente de la Gran Comisión, González Flores, quien no sólo rechazó hablar sobre el tema con este medio de comunicación, sino también se lo prohibió tanto a priístas como a ecologistas, so pena de sufrir las consecuencias.
“No tengo conocimiento de la crisis del Congreso”, atajó la diputada priísta Mari Hadad cuando el reportero la introdujo al tema, al salir de la presentación del libro Prensa Negra en el auditorio de Tecnológico de Chetumal el pasado sábado 19 de abril.
¿Pero usted cobró completa su quincena?, se le insistió.
“Pues como todos, sólo 20 mil pesos”.
¿Y sus colaboradores, ya cobraron?
“Aún no, pero se les va a pagar en los próximos días”.
Hay evidencias de un grave desfalco en las finanzas y el patrimonio del Congreso ¿Ya les notificó algo el presidente Luis González Flores?
“No voy hablar sobre el tema por respeto a él”.
En todo caso el desfalco fue a las finanzas públicas, no a los bolsillos del señor ¿No es ese un asunto que compete tratar a los representantes populares?
“De cualquier forma no voy hablar, me reservo mi derecho de opinión”.
Sin dar crédito a lo que pasaba, frente a la ventanilla, contaron y recontaron el fajo de billetes que del otro lado les extendió la cajera hasta corroborar un total de 20 mil de los 33 mil pesos quincenales que por Ley les corresponden, entre dietas, viáticos y apoyos institucionales. Presos del nerviosismo algunos, coléricos otros, apenas pisaron la calle se apresuraron por una respuesta a la Tesorería del Congreso y ahí sólo les informaron: “Son instrucciones del presidente de la Gran Comisión”.
Su mayor sorpresa fue que sus colaboradores no cobrarían hasta nuevo aviso y entonces la incertidumbre reinó durante los días posteriores, frente al hermetismo del nuevo líder del Congreso, Luis González Flores. Pero en los pasillos y cubículos del recinto parlamentario la crisis es un secreto a voces y hasta tiene nombre y apellido: Manuel Valencia Cardín, ex presidente de la XI Legislatura, quien dejó el poder el pasado 25 de marzo.
Las primeras revisiones de los estados de cuenta de la tesorería y del patrimonio del Congreso reportan una deuda de seis millones de pesos con diversos proveedores, la “desaparición” de una camioneta X-Trail, Nissan, color plata, que en la pasada Legislatura conducía el diputado Francisco Flota Medrano, la misteriosa “pérdida” de computadoras de escritorio y portátiles, así como de mobiliario en las oficinas de los legisladores, cuyo costo aún no se evalúa.
También existe constancia de que cada uno de los 25 diputados salientes recibió un pago de 770 mil pesos por concepto de “caja de ahorro” y “finiquito” -según justificaron algunos de ellos-, lo que sumó una erogación de 19 millones 250 mil pesos , casi el ocho por ciento del presupuesto del Congreso del ejercicio fiscal 2007.
De acuerdo al tabulador de la nómina aprobado por la XI Legislatura, los diputados ganaban 46 mil pesos mensuales por concepto de dietas, además recibían ocho mil pesos en vales de gasolina y, en comisión, se les autorizaban dos mil pesos diarios por concepto de viáticos. Fuera de nómina y con un manejo totalmente discrecional, a cada uno se le asignaban 20 mil pesos para apoyos económicos de ciudadanos necesitados, de tal manera que sus percepciones reales variaba dependiendo del grado de “lealtad” que cada uno guardara con el ex presidente de la Gran Comisión, Valencia Cardín.
El diagnóstico del parque vehicular también es alarmante: la mayoría de las unidades rebasan los 150 mil kilómetros de recorrido a pesar de que fueron adquiridos hace tres años. Al menos cuatro de estos automóviles, que en la pasada legislatura estuvieron asignados a los ex diputados David Álvarez Cervera, Mario Rivero Leal, Patricia Sánchez Carrillo y Marybel Villegas Canché, fueron utilizados ilegalmente para sus respectivas campañas políticas.
Bajo este panorama, la XI Legislatura pasará a la historia como la más plural en 34 años de vida constitucional del estado, pero también como la campeona en el derroche de recursos públicos. Su sello característico fue la compra de votos de la oposición, quienes ante la falta de la mayoría priísta, no resistieron los cañonazos de dinero para aprobar iniciativas a la hechura de Valencia Cardín, como fue el caso de la Reforma Constitucional que elevó a 20 años de residencia para los que aspiren a gobernar Quintana Roo, aprobada hasta por quienes salieron afectados.
Durante el trienio 2005-2008, Valencia Cardín manejó recursos por más de 570 millones de pesos sin rendir cuentas a nadie. Según cifras oficiales, en 2005 ejerció un presupuesto de 131 millones 154 mil 710 pesos; en 2006, de 180 millones de pesos y en 2007, de 256 millones 892 mil 284 pesos, es decir, en menos de tres años los recursos se dispararon casi cien por ciento.
En contraste con las medidas de austeridad adoptadas por la XII Legislatura, a Valencia Cardín nunca le faltaron recursos para gastar hasta en caprichos. De acuerdo con copias de los registros del activo fijo de la Unidad de Inventarios del Congreso, durante su gestión el ex presidente de la Gran Comisión gastó cerca de tres millones de pesos en mobiliario y equipo de cómputo, mucho del cual hoy está inservible o desaparecido.
En 2005, el gasto en este menaje fue de un millón 500 mil pesos, pero sobresalen las compras realizadas en un solo día: el 8 de abril de ese año -antes de cumplir 15 días de haber asumido el poder- se adquirieron muebles para equipar los cubículos de los 25 legisladores, por un moto total de 300 mil pesos, mientras que la X Legislatura, que presidió Rosario Ortiz Yeladaqui, compró la mayoría del mobiliario en el departamento de remates del Nacional Monte de Piedad.
Aunque para los nuevos diputados el saqueo del Congreso es un secreto a voces, muy pocos se atreven a opinar por temor al “autoritarismo” del actual presidente de la Gran Comisión, González Flores, quien no sólo rechazó hablar sobre el tema con este medio de comunicación, sino también se lo prohibió tanto a priístas como a ecologistas, so pena de sufrir las consecuencias.
“No tengo conocimiento de la crisis del Congreso”, atajó la diputada priísta Mari Hadad cuando el reportero la introdujo al tema, al salir de la presentación del libro Prensa Negra en el auditorio de Tecnológico de Chetumal el pasado sábado 19 de abril.
¿Pero usted cobró completa su quincena?, se le insistió.
“Pues como todos, sólo 20 mil pesos”.
¿Y sus colaboradores, ya cobraron?
“Aún no, pero se les va a pagar en los próximos días”.
Hay evidencias de un grave desfalco en las finanzas y el patrimonio del Congreso ¿Ya les notificó algo el presidente Luis González Flores?
“No voy hablar sobre el tema por respeto a él”.
En todo caso el desfalco fue a las finanzas públicas, no a los bolsillos del señor ¿No es ese un asunto que compete tratar a los representantes populares?
“De cualquier forma no voy hablar, me reservo mi derecho de opinión”.
Ignoran a la minoría
Entre los diputados de oposición, el saqueo financiero y patrimonial del Poder Legislativo si está calando hondo no sólo por el retraso en las percepciones de sus colaboradores cercanos sino porque, en su calidad de minorías, se les está excluyendo del conocimiento y las decisiones sobre el manejo del Presupuesto de Egresos aprobado para 2008, el cual asciende a 271 millones 350 mil pesos.
“Hasta el momento la presidencia de la Gran Comisión no nos ha informado nada sobre el estado que guardan las finanzas del Congreso. Lo que sabemos es por lo que llegamos a escuchar o por lo que observamos. Vamos a esperar a que pase el tiempo pertinente para que el nuevo presidente termine de recabar los datos necesarios y, entonces sí, como diputados le pediremos que nos informe”, dice el panista Francisco Hadad Estéfano.
¿Cobró su quincena completa?
“Sólo 20 mil pesos”.
¿Y sus colaboradores?
“Ellos todavía no”.
¿Ya sabe por qué?
“No he hablado con el líder sobre el particular, pero espero que todo se normalice pronto”.
Para los diputados del Partido del Trabajo y de Convergencia, este asunto tiene más de fondo, pues además de observar un posible encubrimiento de Valencia Cardín ven en ello una estrategia del nuevo líder del Congreso a presionar a los diputados por los bolsillos.
William Souza Calderón, de Convergencia, señala que el verdadero problema radica en que las finanzas y el patrimonio del Congreso fueron literalmente saqueados por Valencia Cardín y nadie se atreve a denunciar el hecho a pesar que es obligación de todos los diputados.
“Los quintanaroenses tienen derecho a saber el verdadero destino del presupuesto del Poder Legislativo durante el trienio pasado, pues existen presunciones de que el anterior líder manejó discrecionalmente los recursos para beneficiarse personalmente y para combatir a sus adversarios políticos”, acusó el diputado William Souza Calderón.
“Los nuevos diputados, añadió, no podemos permitir que esto pase desapercibido porque seríamos cómplices de la presumible desviación de recursos y de la perversión de la política que caracterizó al anterior líder del Congreso, quien se dedicó a comprar voluntades y a financiar campañas de desprestigio en los medios de comunicación”.
Souza Calderón adelanta que en los próximos días subirá un punto de acuerdo para solicitar al pleno se aplique una auditoria a la anterior administración.
¿No teme que la mayoría priísta lo rechace?
“No, porque no lo estoy acusando de nada, simplemente estoy solicitando que se le investigue en aras del ánimo que tenemos todos los diputados de que se transparente el manejo de los recursos públicos, nadie está en contra de eso”.
Por su parte, Hernán Villatoro Barrios refiere que lo más peligroso de la crisis financiera del Congreso es que los diputados se comiencen a corromper ante la insuficiencia de recursos.
El salario de los miembros del Poder Legislativo son intocables y no pueden ser recortados porque así se previene que no vayan a utilizar el poder para buscar beneficios económicos en otros lados o inclusive con la propia presidencia de la Gran Comisión, que bien podría aprovechar la austeridad de los diputados para comprarlos, como pasaba en la legislatura que nos antecedió.
¿Le dieron alguna explicación del por qué no les pagaron completo?
“Para nada, espero que haya sido un caso excepcional y no vaya a ser la regla porque sería muy riesgoso para la actividad legislativa”.
¿De sus colaboradores le dijeron algo?
“El compañero Luis González me habló a la extensión de mi cubículo para informarme únicamente que ellos cobrarían tentativamente hasta el 30 de abril, sólo eso”.
En opinión del diputado Alexander Zetina, del Partido Nueva Alianza, si la XI Legislatura fue la del derroche de recursos públicos, la XII será la de los sacrificios. “Cuando la fuerza del Congreso estaba repartido equilibradamente entre varios partidos hubo necesidad de inyectarle mucho dinero para comprar conciencias, pero ahora que la mayoría la tiene un solo partido no hay necesidad de inyectarle un quinto, el PRI solito puede pasar sus iniciativas”, puntualiza.
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